El presidente Ollanta Humala anunciará, en su mensaje por 28 de julio, los primeros decretos legislativos sobre seguridad ciudadana en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Así lo informó el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén a la agencia Andina.
Según Adrianzén, en su último mensaje a la nación el mandatario Humala hará públicas estas primeras medidas, que estarán referidas al sicariato, a la flagrancia y los infractores menores.
Facultades
Como se recuerda, el Ejecutivo le pidió al Congreso facultades especiales para legislar en diversos temas, uno de ellos referidos a la seguridad ciudadana.
Sicariato
A través de estos decretos, indicó el ministro, se va a independizar el delito de sicariato, que será sancionado con penas muy severas para sus infractores sin beneficios penitenciarios.
Asimismo, se considerarán agravantes la utilización de armas de guerra, de menores de edad, el número de sicarios y el número de víctimas.
“Tenemos bastante confianza en que con estas nuevas medidas vamos a tener una herramienta muy persuasiva. El sicario lo va a pensar dos veces porque no habrá beneficios penitenciarios y, por el contrario, habrá penas muy severas y una serie de agravantes”, dijo Adrianzén.
Mayores penas
En ese sentido, el titular de la cartera de Justicia indicó que la reclusión en un centro juvenil para menores de edad se verá incrementada de seis a diez años, solo para quienes hayan participado en delitos considerados graves, como el sicariato.
“Se están agravando las penas para los menores. Actualmente un menor puede ser condenado hasta seis años, pretendemos ampliar esas penas hasta los diez años.”, señaló Adrianzén.
Una vez cumplida la mayoría de edad, los jóvenes recluidos deberán abandonar el centro juvenil y pasar a cumplir su pena a un penal regular.
Niega visión punitiva
Adrianzén aseguró además que este incremento de la pena de cárcel para menores de edad que participen en delitos relacionados con el sicariato no expresa “una filosofía punitiva” del gobierno de Humala en contra de una población vulnerable, como son los más jóvenes.
En cambio, argumentó que si bien el gobierno es “garante de los derechos fundamentales de los jóvenes”, es necesario que el Estado defienda con penas más severas a la población debido al grado de violencia al que han llegado los delincuentes juveniles.
Contra la flagrancia
En otro momento, según el reporte de Andina, Adrianzén informó que “de nada sirve aumentar las penas” si es que los jueces y fiscales liberan a los delincuentes. Así, agregó, se han hecho cambios a la ley de flagrancia dictada ya hace nueve años.
El ministro hizo hincapié en que la actual ley de flagrancia tiene muy poca efectividad ya que, a pesar de tener una vigencia que lleva casi una década, menos de 300 personas han sido sentenciadas en base a dicha norma.
El ministro sostuvo también que los fiscales y los jueces consideraban insuficiente esta herramienta, razón por la cual se ha decidido mejorarla. Recordó el caso de una chica que fue arrastrada de los pelos por su pareja en un hotel de Ayacucho y que, a pesar de que la escena fue captada en vídeo, la fiscal no pidió la detención del agresor desde el inicio, razón por la cual ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Los ajustes a la ley de flagrancia pretenden evitar casos similares, puntualizó.
La clave
Herramientas. “Les estamos garantizando a los magistrados un instrumento legal por medio del cual van a ver reforzada su labor”, declaró el ministro Gustavo Adrianzén sobre las modificaciones a la Ley de Flagrancia que serán anunciadas el martes durante el mensaje presidencial por 28 de julio. (Larepublica.pe)
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